LA AFECCIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE BIENESTAR ANIMAL EN LA CAZA MENOR

La caza menor sin perro es algo que se hace difícil o, cuando menos, algo que pierde su esencia; es, como tantas veces se ha dicho, como un matrimonio sin pareja.

La disponibilidad de perros para caza menor se ha hecho siempre, de forma principal, en transacciones “de cercanías”, donde las donaciones o los pagos casi simbólicos han primado sobre el negocio (recuérdese que los llamados “refugios” cobran cerca de 200 euros como “compensación de gastos”, pese a ser desde un principio actividades subvencionadas, por lo que pagos entre propietarios de perros de cantidades similares no pueden considerarse negocio lucrativo).

Ningún particular sabe a priori si su perro va a ser apto para reproducción hasta que no es probado en sus aptitudes cinegéticas, por lo que obligar a castrar cualquier perro implica que serán desechados para la procreación cualquier perro que pudiera resultar interesante.

Los perros de caza se eligen y seleccionan por sus aptitudes raciales, fruto de una previa selección de aptitudes naturales. No es por tanto posible la utilización de perros de origen desconocido, porque desconocidas serán esas aptitudes.

Por todo lo anterior, la cría de perros por particulares es absolutamente sustancial para el mantenimiento de perros de caza, puesto que no es lo mismo un perro de cobro, que uno de rastro, que uno de muestra. No son por tanto sustituibles por las mal llamadas “adopciones” de perros cualquiera. La prueba es que ese mismo proyecto de ley deja fuera de su ámbito de aplicación a los perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los de salvamento.

Por lo expuesto, el proyecto de ley de Bienestar Animal supone un torpedo en la línea de flotación de la caza menor. Pero no se trata de un “daño colateral” sino de un fin perseguido mediante instrumentos intermediados.

Es claro y declarado que, tanto la titular del ministerio del ramo como el Director General de Derechos de los Animales, son enemigos de la caza, por lo que es evidente la intención de este proyecto de ley en cuanto se refiera o afecte a la actividad cinegética.

Todo lo anterior es algo evidente para el mundo de la caza, por más que pueda jugarse a la confusión con la población desconocedora de esta actividad. No se trata de una hipersensibilidad o de una excitación ad cautelan, sino de un evidente ataque a la caza haciéndolo con la prohibición de facto de su ejercicio. Decir que con este proyecto no se prohíbe la caza menor es como decirlo de una prohibición del uso de armas de caza.

Podrá engañarse con circunloquios a quienes no cazan, pero no a quienes son cazadores. Y estos tenemos muy claro el nivel de virulencia legislativa que implica este proyecto.

Por otra parte, desde la gestión cinegética de la caza menor se ve con preocupación la contradicción existente entre el régimen de perros y el de gatos pues, mientras que respecto a los perros se establece la obligación de identificación de todos los animales y la existencia de que todos tengan un dueño de referencia y responsable de sus actos, en los gatos es todo lo contrario, manteniéndose un extraño régimen en el que los gatos pueden ser “callejeros” (de nadie y sin ningún control efectivo), al estilo de una res nullius para disfrute de la colectividad, pese a que quienes realmente disfrutan de esas colonias felinas son una inmensa minoría.

El mantenimiento de colonias felinas, exentas de control similar al de los perros y sin obligación de su retirada de espacios públicos y privados, implica un desprecio a multitud de estudios científicos internacionales que destacan que los gastos asilvestrados, callejeros o, en general, sin control efectivo, suponen la mayor causa de destrucción de poblaciones de pequeñas aves y de pequeños mamíferos.

El mantenimiento del régimen de colonias felinas implica introducir un elemento distorsionador de la gestión cinegética, porque las especies cinegéticas entran dentro del rango de piezas a predar por esos felinos. Ello podrá ser de poca importancia si se trata de colonias dentro de grandes ciudades, pero en la España rural supone un desequilibrio insostenible.

Los cazadores constituyen un colectivo cuya afición no les implica una ideología política, pero que ya han demostrado que si se ven atacados son capaces de movilizarse en defensa de su afición. Esto es algo que las principales asociaciones cinegéticas han intentado dejar claro. Es por todo ello que hasta ahora sólo han incluido protestas ante actuaciones normativas concretas, pero que nadie duda de que, si les es necesario, iniciarán movilizaciones dirigidas a opciones electorales concretas.